Luis Figueroa Carpe Diem

Crece piñata presupuestaria

La administración semillera/raicera consiguió que los diputados le aprueben una ampliación de Q9,326,000,000.00 para el presupuesto del 2026, rápidamente y sin análisis alguno. ¿De dónde va a salir esa plata? Principalmente de impuestos que te quitan y de endeudamiento que se paga con impuestos que te quitan.

La piñata para los pipoldermos, sus burócratas y clientelas crecio…a tu costo. La ilustración es de Grok.

La administración Arévalo consiguió esa millonada -que eleva el presupuesto para políticos y burócratas a Q164,000,000,000.00 a pesar de que del año pasado le sobraron Q24,000,000,000.00 del presupuesto para políticos y burócratas del año pasado. Eso a pesar de que no pudieron ejecutar como 9.4% de aquel presupuesto y eso a pesar de que un porcentaje elevadísimo de lo que llaman ejecución en realidad son sueldos y otros gastos que muchas veces son puro desperdicio, incluidos los costosísimos y secretos pactos colectivos en burocracias como la de educación y de salud. Toma nota de esto para que no te apantallen con cifras.

Aquellos Q24,000,000,000.00 son impuestos que ya te quitaron y préstamos sobre los cuales estás pagando intereses a pesar de que la Administración no ha podido, o no ha querido usarlos.

Que no te den atol con el dedo con que hacen falta recursos para inversión; porque técnicamente invertir es el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos en forma de pagos de ingresos o ganancias de capital. Pero, las mal llamadas inversiones del gobierno no suelen aumentar de valor con el tiempo y, más que rendimientos, operan con pérdidas y sólo sobreviven gracias a subsidios. Desde una perspectiva estatista y política así es como son las cosas; pero desde una perspectiva financiera, ¡puras pérdidas!

Del total de la llamada ejecución presupuestaria un porcentaje elevado se usa para gestionar la masa salarial de políticos y todo tipo de burócratas. Digo gestionar, y no ejecutar, porque los sueldos y honorarios por servicios profesionales, técnicos, de consultoría y asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, así como los servicios de traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea, y las actuaciones artísticas y deportivas y capacitaciones, no se ponen en obra, ni se llevan a cabo, sino que se tramitan.

Como el proyecto de presupuesto 2026 para los pipoldermos, sus burócratas y clientelas está suspendido gracias a una resolución atinada de la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo jugó la vuelta y consiguieron que los diputados les agranden la piñata. ¡Es inadmisible que esos ajustes no tomen en cuenta el platal que les sobra! ¡Es inadmisible que la administración semillera/raicera se sirva con la cuchara grande a costa de los tributarios! Y te recuerdo… por si se te olvida… que tú eres uno de esos tributarios.

Adivina qué: la mala administrción, el despilfarro y la corrupción seguirán engordando bolsillos ajenos mientras los tuyos se vacían.

abusos / Administración Arévalo / presupuesto del estado — Leave a comment
28
Ene 26

¿La piñata crecerá?

El Ejecutivo está negociando que los diputados les agranden la piñata. La ilustración es de Grok.

La administración semillera/raicera quiere que los diputados le aprueben una ampliación de Q9,326,000.000.00 para el presupuesto del 2026. ¿De dónde va a salir esa plata? Principalmente de impuestos que te quitan y de endeudamiento que se paga con impuestos que te quitan.La administración Arévalo quiere esa millonada a pesar de que del año pasado le sobraron Q24,000,000,000.00 del presupuesto para políticos y burócratas del año pasado. Eso a pesar de que no pudieron ejecutar como 9.4% de aquel presupuesto y eso a pesar de que un porcentaje elevadísimo de lo que llaman ejecución en realidad son sueldos y otros gastos que muchas veces son puro desperdicio, incluidos los costosísimos y secretos pactos colectivos en burocrácias como la de educación y de salud. Toma nota de esto para que no te apantallen con cifras.

Aquellos Q24,000,000,000.00 son impuestos que ya te quitaron y préstamos sobre los cuales estás pagando intereses a pesar de que la Administración no ha podido, o no ha querido usarlos.

Como el proyecto de presupuesto 2026 para políticos y burócratas está suspendido gracias a una resolución atinada de la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo está negociando que los diputados les agranden la piñata. ¡Es inadmisible que esos ajustes no tomen en cuenta el platal que les sobra! ¡Es inadmisible que la administración semillera/raicera se sirva con la cuchara grande a costa de los tributarios! Y te recuerdo… por si se te olvida… que tú eres uno de esos tributarios.

Justicia / Prisiones — Leave a comment
27
Ene 26

Prisiones chapinas y gran olvido

¿Alguno de los lectores supo qué ocurrió en las cárceles guatemaltecas durante el covid? Como supuestamente era un virus tan contagioso que, siendo respiratorio, se pegaba hasta por los pies y lo contagiaban los muertos… ¿Qué ocurrió en 2020 con los presos hacinados en las prisiones chapinas?

Las prisiones siguen siendo el agujero negro donde se pierde la dignidad humana y se alimenta el crimen. La ilustración es de Grok.

En 2020 se reportaron brotes en el Preventivo de la Zona 18, Fraijanes y Cantel. Hasta julio de 2020, la DGSP reportó oficialmente 15 presos fallecidos por covid. Antes, en junio, se hablaban de 8, o 9 muertes, y en ese mes se mencionó al menos 13. No encontré reportes posteriores que indicaran un aumento significativo en el resto del año. En el mismo julio se reportaron unos 200 casos positivos entre reos, cuando el sistema tenía cerca de 25 mil personas en espacios diseñados para la mitad. En 2021 no hubo reportes oficiales ni reportajes periodísticos al respecto, de modo que la situación fue más opaca. De las cárceles de mujeres, nadie, nadie se acordó. ¿Vas a creer que en El Salvador y Honduras hubo centenares de presos muertos por covid y aquí, no? Voy a decir que como sociedad nos importó poco, o nada el tema porque mucha gente estaba ocupada tomándose la temperatura con termómetros infrarrojos y lavando sus compras de supermercado. ¿Algun medio se anima a hacer una investigación?

¿A dónde voy con esto? A que las prisiones son lugares de tristeza, miedo, tensión y degradación humana que merecen muchísima más atención de la que les prestamos. Dos veces estuve en Pavón; una como estudiante de Derecho y otra como periodista, y no tengo duda alguna de aquello.

En 2014, en el marco de un coloquio titulado The Constitutional Political Economy of Statelessness, leí un ensayo de David Skarbek que tiene por título Governance and Prison Gangs. Ese ensayo, que se convirtió en libro, es una lectura que recomiendo a cualquiera que se involucre en la urgente tarea de reformar el sistema penitenciario. El artículo explora los sistemas de autogobierno entre los presos; el poder que tienen los reos –aún estando presos– sobre criminales y pandillas que están libres; el rol de las instituciones (como sistemas de normas) entre los privados de libertad y otros temas que no conviene ignorar cuando se trata de entender el orden social en el bajo mundo.

A ti, que afortunadamente no has estado en una prisión, te recomiendo la película mexicana Presunto culpable. Es desgarradora e impactante, y YouTube advierte que podría ser inapropiada para ciertos usuarios. Es tan real y vergonzosa que un juez ordenó la suspensión de su exhibición en marzo de 2011. Aunque se desarrolla en México, retrata muy bien la precariedad de la administración de justicia y de los sistemas penitenciarios en Hispanoamérica y en Guatemala.

El fin de semana pasado –luego de disturbios en tres centros penales– hubo 10 policías asesinados y 10 heridos durante actos de terrorismo en la ciudad de Guatemala. La atención de los guatemaltecos está medio enfocada en aquellos hechos; pero… ¿cuánto va a durar el interés? ¿Hasta el próximo busazo? ¿Hasta el próximo escándalo de funcionarios cebándose con los impuestos que toman de los chapines? ¿Hasta que el próximo político relevante esté emparentado con dirigentes de maras? ¿Hasta que nos demos cuenta de que de urgencia y en estado de sitio (con un cheque en blanco), la Administración emprenderá la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Mientras tanto, las prisiones siguen siendo el agujero negro donde se pierde la dignidad humana y se alimenta el crimen que después nos explota en la cara.

Columna publicada en República.

Familia / Historia — Leave a comment
27
Ene 26

Herencia sin testamento

El fallecimiento de Pedro Estrada-Monzón Rivera en 1880 marcó el inicio de una serie de movimientos legales relacionados con su herencia. La ausencia de un testamento complicó la resolución de asuntos legales y sociales para sus descendientes, que tuvieron que enfrentar el proceso de legitimación y el reconocimiento de sus derechos en un contexto de cambios institucionales y sociales, explica la IV y última parte del estudio “A 100 años del fallecimiento de Manuel Estrada Cabrera, apuntes biográficos y genealógicos breves sobre Pedro Estrada-Monzón Rivera (Quetzaltenango, 14 de abril de 1817 – 14 de enero de 1880)”, por Luis Andrés Schwartz, publicada en Gazeta.

Collage elaborado por Arde Proyectos.

Esta parte del estudio se ocupa de la dinámica post mortem del padre de don Manuel Estrada Cabrera. Para entender mejor esos movimientos legales, es esencial identificar a los descendientes conocidos de Pedro al momento de su fallecimiento, todos nacidos fuera del matrimonio:

Coronel y licenciado José Gabriel Estrada-Monzón (1840-1905), hijo de Luz Alegría.
Herlinda Estrada-Monzón (c. 1852-1920), hija de Juliana Rivera.
Francisco Alfredo Estrada (1856-?), hijo de Carlota Alvarado.
Licenciado Manuel José Estrada Cabrera (1857-1924), hijo de Joaquina Cabrera.
Licenciado Juan Francisco Cabrera Estrada (1861-1895), hijo de Joaquina Cabrera.
Elvira de Jesús Estrada-Monzón (1862-1926), hija de Carlota Alvarado.
Ana Josefa de Jesús Estrada-Monzón (1863-1885), hija de Carlota Alvarado.
Irene Estrada-Monzón (1868-1890), hija de Petrona Bustamante.

Si te interesam la genealogía, la historia de Guatemala durante la Belle Époque, el período de Manuel Estrada Cabrera, o simplemente la historia bien documentada, esta serie de cuatro publicaciones está llena de información inédita y sorprendente que no encontrarás en los libros de texto habituales.

Luis Figueroa / tráfico — Leave a comment
26
Ene 26

Waze y el orden espontáneo

¿Qué dice Waze? es el título de la conversación que tuvimos mi cuate y colega Eduardo Blasco y Yours Truly para estudiantes del Centro Henry Hazlitt el 21 de octubre del 2025.

Edaurdo Blasco y Luis Figueroa conversaron sobre Waze. Foto por Raúl Contreras.

Edu habló sobre el modelo de negocios de Waze. Explicó que es un bien público en el sentido de que las radios son bienes públicos —porque el servicio que te provee no es excluible y no es rival en el consumo— y que genera un efecto red: su valor para el usuario crece cuando más gente lo usa. Hizo énfasis en que gracias a Waze no hace falta un Ministerio del Tráfico (un tema que está bien hot en Guatemala).

Comentó que las comunidades de usuarios participan reportando accidentes, radares y policías, por ejemplo, por reciprocidad y por la gamificación: la app da puntos (que uno no sabe dónde canjear).

Edu cuestionó el valor de un Waze estatal y hablamos de los incentivos, el lucro y la posibilidad de manipulación política, como la que ya existe en la educación, la salud y la información estatal. Y el tráfico, al final, es un problema político.

Yo hablé sobre el hecho de que Waze -en principio- se basa en dos ideas de Friedrich A. Hayek: el orden espontáneo o kosmos y el conocimiento disperso.

El orden social es un orden complejo que surge de acciones individuales intencionales, pero no planificadas centralmente, como el mercado o el lenguaje. No es el resultado de un diseño deliberado, sino de la coordinación de innumerables decisiones humanas que se adaptan a cambios imprevisibles. Para ciertos propósitos, este orden es superior a los órdenes creados o taxis, porque aprovecha la libertad individual y genera eficiencia sin coacción.

El conocimiento disperso es la información personal y fragmentada que poseemos los individuos —circunstancias locales, preferencias, habilidades—, imposible de centralizar. Su valor radica en coordinar recursos eficientemente mediante señales como una plataforma o los precios. Reconocerlo promueve la libertad y la adaptabilidad. Ninguna autoridad puede abarcar la complejidad de este saber disperso.

Waze hace tangibles estos conceptos mediante una aplicación que utiliza el conocimiento local de todos los participantes y evita la necesidad de un Ministerio del Tráfico.

Para elaborar esta entrada le pregunté a Grok qué utilidad tienen los puntos de Waze y me respondió que reconocen tu contribución a la comunidad y te dan prestigio dentro de la app, pero no tienen valor económico directo. ¡Es una forma de hacer más divertida la experiencia y ayudar a que las rutas sean mejores para todos! Si quieres maximizarlos, reporta tráfico, edita mapas y conduce con la app activa.

En un mundo donde cada vez más personas colaboran libremente para resolver problemas cotidianos, Waze nos recuerda que las soluciones más efectivas suelen venir de abajo, no de un despacho oficial.

Administración Arévalo / corrupción / ejército — Leave a comment
22
Ene 26

Tentación peligrosa y Ejército

La iniciativa de Ley 6534, que pretende otorgarle al Cuerpo de Ingenieros del Ejército las funciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación vial —porque Covial y el MICIVI no pueden con las tareas—, es un desatino peligroso para la institución armada y para la administración estatal.

Dan grima las carreteras.

El Ejecutivo semillero/raicero debe cesar y desistir de tentar al Ejército con tareas que no le son propias y de tentar a los altos mandos castrenses con oportunidades de bisne. El Ejército, en la medida de su calidad de obediente y no deliberante, debe resistir la tentación que le está ofreciendo la Administración Arévalo.

Es un hecho que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de su unidad ejecutora Covial, muestra ineficiencia, corrupción histórica y falta de capacidad para mantener la red vial, agravadas por fenómenos climáticos normales y extraordinarios en Guatemala. También es un hecho que el Ejército ha demostrado capacidad operativa en intervenciones puntuales (por ejemplo, posdesastres como huracanes Eta e Iota, o rehabilitaciones recientes en rutas terciarias), gracias a su estructura jerárquica, equipo pesado y logística.

En estas circunstancias es evidente que el Ejército ofrece ventajas operativas claras: mayor disciplina y rapidez en ejecución comparada con entidades civiles burocratizadas; menor percepción de corrupción en comparación con algunos contratos civiles históricos; experiencia comprobada en emergencias. Por esos motivos y en el corto plazo, su participación en sacarles las castañas del fuego al MICIVI y a Covial podría generar resultados visibles y tangibles en una red vial deteriorada.

¡Pero! Coincido plenamente con la advertencia de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, que ha señalado peligros:

Militarización de funciones civiles: Asignar de manera permanente tareas de mantenimiento vial al Ejército viola el principio constitucional de subordinación militar al poder civil y la especialización de roles. La Constitución guatemalteca (artículos 244 y siguientes) define al Ejército principalmente para la defensa de la soberanía e integridad territorial, no para obras públicas rutinarias. Esto abre la puerta a una expansión progresiva del rol militar en áreas civiles, un patrón observado en otros países de la región que ha debilitado la democracia.
Desvío de la misión principal del Ejército: El Cuerpo de Ingenieros tiene capacidades valiosas, pero destinarlo sistemáticamente a mantenimiento vial resta recursos y enfoque a su preparación para amenazas de defensa real (narcotráfico transfronterizo, desastres mayores y más). Además, expone al Ejército a dinámicas de contratación pública, licitaciones y presiones políticas, lo que podría politizarlo o exponerlo a corrupción, erosionando su legitimidad.
Falta de sostenibilidad institucional: Esta medida actúa como un “parche” que evita enfrentar las causas estructurales de la ineficiencia del MICIVI: falta de profesionalización técnica, debilidad en planificación, opacidad en contrataciones y subfinanciamiento crónico. En lugar de fortalecer la gestión civil estable —como recomienda ATAL—, se opta por una solución militar que puede generar dependencia a largo plazo.
Precedentes regionales preocupantes: Experiencias en países vecinos muestran que ampliar roles militares en tareas civiles (seguridad pública, infraestructura) facilita abusos de poder y dificulta la desmilitarización posterior.

En The Soldier and the State, Samuel Huntington expuso la doctrina del control civil objetivo, que es pilar en una república sana. Según esta: el Ejército debe ser profesional, apolítico y especializado exclusivamente en defensa externa; asignarle tareas civiles (como mantenimiento vial permanente) lo expone a dinámicas políticas, contrataciones públicas y presiones partidarias, lo que erosiona su profesionalismo, lo politiza y lo debilita. En una república en construcción como Guatemala, esto es un retroceso que debilita la subordinación militar al poder civil, abre la puerta a una expansión progresiva de roles militares y a la corrupción de la oficialidad.

El Ejército, al manejar presupuestos para contratos de obra pública, se expone a clientelismo y opacidad, históricamente problemáticos en ministerios como el MICIVI; y esto puede erosionar su legitimidad y disciplina interna, como ya ha sucedido cuando el Ejército se ha metido a negocios.

El mejor ejemplo es el del Banco del Ejército creado en décadas pasadas como entidad financiera vinculada al Instituto de Previsión Militar. Su capital provenía principalmente de aportes del IPM y de oficiales militares. Operaba como banco comercial, ofreciendo servicios a militares y civiles, pero estaba bajo control institucional militar. En 2001 fue intervenido por la Superintendencia de Bancos debido a serios problemas de liquidez, irregularidades financieras, falta de solvencia y déficits significativos. Posteriormente fue absorbido por el Crédito Hipotecario Nacional en un contexto de crisis del sistema financiero guatemalteco. Este episodio ilustró los riesgos de mezclar funciones militares con actividades económicas: opacidad en la gestión, exposición a presiones políticas y eventual colapso financiero que afectó a depositantes y al erario público.

En resumen, el Ejército debe limitarse a su rol constitucional de defensa y apoyo en emergencias. Meterlo en el berenjenal de los bisnes viales es un error grave que Guatemala no puede permitirse: debilita la institución armada, pospone las reformas necesarias en lo civil y pone en riesgo la propia república.

estatismo / Friedrich A. Hayek / mercado — Leave a comment
20
Ene 26

Sueldos altos y discrecionalidad

El 40% del presupuesto de la Superintendencia de Competencia se va a ir en los sueldos de los directores de esa burocracia. ¿Vas a creer que los tres titulares y tres suplentes se sirvieron con la cuchara grande y se autorecetaron sueldos de Q75,000 al mes?

Los afortunados. La imagen es de La Hora.

Para ponerlo en perspectiva, si dividimos Q75,000 entre 20 días hábiles, la cifra es de Q3,750 al día. Por supuesto que entiendo que los sueldos deben ser proporcionales a las responsabilidades; pero la diferencia entre el sector voluntario de la economía (que es el sector privado) y el sector coercitivo (que es el sector estatal) es que en el primero los salarios están relacionados con la productividad y los resultados; en tanto que en el segundo son de orden político y arbitrarios.

El Decreto 32-2024 del Congreso de la República creó la Superintendencia de Competencia. Sus funciones principales incluyen: investigar y sancionar prácticas anticompetitivas (absolutas o relativas), controlar concentraciones económicas y promover una cultura de libre competencia.

Friedrich A. Hayek, en obras como Los fundamentos de la libertad, Derecho, legislación y libertad y en ensayos sobre monopolio y competencia, defendió la competencia no como un estado estático de competencia perfecta (modelo que consideraba irreal y peligroso), sino como un proceso dinámico de descubrimiento. Los empresarios, guiados por precios y señales de mercado, descubren continuamente nuevas formas de satisfacer necesidades, innovan y coordinan conocimiento disperso en la sociedad. El orden de mercado es espontáneo, no diseñado.

Desde esta perspectiva, la superintendencia en cuestión presenta tres problemas graves:

El peligro de la pretensión de conocimiento. Hayek advirtió que los planificadores, o reguladores estatales sufren de una fatal arrogancia al creer que pueden poseer el conocimiento disperso y tácito que solo el mercado coordina. Una autoridad de competencia debe juzgar si una concentración reduce la eficiencia económica, si una práctica es abusiva, o si un acuerdo restringe injustificadamente la competencia. Estas decisiones requieren evaluar intenciones, efectos futuros y alternativas contrafactuales, tareas que exceden la capacidad humana centralizada. En Guatemala, la ley otorga a la Superintendencia (a Q3,750 el día) amplio poder discrecional para definir mercados relevantes, evaluar dominancia y aplicar sanciones. Esto abre la puerta a errores sistemáticos o captura por intereses particulares, distorsionando el proceso de descubrimiento en lugar de protegerlo.
Reglas generales vs. poder discrecional. Hayek distinguió entre nomos (normas o leyes generales abstractas, aplicables a todos por igual) y thesis (como legislación para órdenes dirigidos). Prefería leyes que prohíban coerción clara (como fraudes, violencia, o monopolios sostenidos por privilegios estatales) sin otorgar a una autoridad la facultad de intervenir caso por caso según criterios subjetivos de eficiencia. La Superintendencia guatemalteca, aunque autónoma en teoría, ejerce poder administrativo amplio con capacidad sancionatoria. Esto se asemeja más a una planificación discrecional que a reglas generales.
Riesgo de protección a competidores en vez de a la competencia. Hayek criticó las leyes antimonopolio que, en la práctica, protegen a competidores ineficientes en lugar de preservar el proceso competitivo. En países con instituciones débiles como Guatemala, una Superintendencia puede ser capturada por grupos de interés (empresas incumbentes que denuncian a nuevos entrantes o políticos que usan la institución para favorecer aliados). Esto frena la innovación y consolida privilegios, contrario al orden espontáneo.

La creación de la Superintendencia de Competencia es una imposición para cumplir compromisos internacionales en mercados regulados (a 3,750.00 al día, por director). Desde criterios hayekianos, genera profunda cautela: su poder discrecional amplio amenaza el orden espontáneo del mercado y sustituye el descubrimiento descentralizado por decisiones centralizadas inevitablemente políticas.

Mejores serían reglas generales claras en la ley —prohibición de coerción contractual, fraude y privilegios estatales que creen monopolios— aplicadas por jueces ordinarios, sin necesidad de una agencia especializada con iniciativa investigativa y sancionatoria (con el 40% de su presupuesto dedicado a sus directores… lo cual no quiere decir que deba ser aumentado). Vamos a ver si, como sociedad, podemos vigilar que la Superintendencia no se convierta en un instrumento de intervencionismo, o cooptación. Porque si eso pasa, causará más daño que cualquier beneficio esperado. Y en un país como Guate, la experiencia enseña que esa vigilancia suele llegar tarde.

Actualización: Para más INRI el pago a estos burócratas va a ser retroactivo desde agosto del 2025. ¡Eso es Q375,000.00 para cada uno a fin de este mes!

derechos individuales / estado de derecho — Leave a comment
19
Ene 26

Estado de Sitio, patente de corso

En 2021 escribí que el estado de excepción es anticonstitucional porque el propósito de la Constitución es proteger los derechos individuales de los habitantes del país contra los abusos de quienes están en el poder, sean del color que sean, y un estado de excepción anula muchos de aquellos derechos. No dije que fuera inconstitucional, porque en Guatemala las leyes constitucionales no pueden ser declaradas inconstitucionales y mi opinión es de carácter filosófico.

Decreto gubernativo de Estado de Sitio.

Dicho lo anterior, el estado de sitio es el más grave de los estados de excepción porque es el que más derechos anula y es casi una patente de corso para el Organismo Ejecutivo.

Un Estado de Sitio tiene implicaciones militares, a tal punto que el artículo 17 de la Ley de Orden Público dice que durante su vigencia el Presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional. No gobernará desde la presidencia como presidente de la República (que es un cargo civil), sino desde el más alto cargo castrense. Por eso es curioso que el Comandante dijera que hay Estado de Sitio, pero que este no altera la vida cotidiana ni las actividades normales de la gente. Ojo: no hay toque de queda ni restricciones a la movilidad; pero estamos viviendo por permiso y no por derecho, mucho más que lo usual.

En la declaratoria de ayer, aunque está escuetamente explicada la motivación —los asesinatos terroristas de policías—, no queda claro qué es exactamente lo que se espera lograr con el Estado de Sitio que no se pueda lograr por medios ordinarios con instrumentos como la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal ya existentes. Digo esto porque el estado de excepción no sólo anula derechos individuales, sino que además forzó la suspensión de clases en los planteles que dependen del Ministerio de Educación, y algunos centros educativos que no dependen del Mineduc se plegaron rápidamente a la suspensión. ¿Viste que el IGSS no atendió hoy a sus afiliados? ¿Viste que el Organismo Judicial cerró juzgados y tribunales? Así no se puede seguir con la vida cotidiana normal.

Los asesinatos del domingo fueron extraordinarios; y rápidamente hubo grupos e individuos que —como ocurrió en 2020— se apresuraron a elevar los niveles de miedo y temor. Algunos hicieron señalamientos concretos hacia personas y organizaciones, tan específicos que su obligación moral es presentarse a la fiscalía antes de ser citados a declarar. ¿Por qué es políticamente útil asustar como en 2020? Porque asustada, la gente acepta cualquier limitación a la libertad y cualquier abuso.

Toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno corre riesgo durante la vigencia del Estado de Sitio, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Orden Público; afortunadamente, en su conferencia de prensa de ayer, el presidente Bernardo Arévalo dijo saber quiénes están detrás de los ataques; y si eso es cierto, su afirmación no debería quedarse en discurso. Las investigaciones deberían estar ya en manos de la fiscalía y las denuncias en camino a los tribunales. Porque, claro, el Estado de Sitio no debe ser una patente de corso para usos políticos ni debe extenderse a discreción.

Si el Estado de Sitio tiene objetivos, esos deberían estar bien claros, clarísimos; y uno supone que se levantará tan pronto como se logren. Pero ¿quién los mide y con qué criterios? Mientras no haya respuestas concretas, el país seguirá gobernado por permiso en lugar de por derecho.

Familia / Historia / Luis Andrés Schwartz / Manuel Estrada Cabrera — Leave a comment
19
Ene 26

Construcción de un árbol genealógico

Si en tu familia todavía se menciona a Manuel Estrada Cabrera (MEC), tu aporte puede amarrar un dato suelto y ayudar a construir una memoria compartida. Si, además, tu familia guarda vínculos con Quetzaltenango y figuran apellidos como Andrade, Arévalo, Cabrera, Cajas, Estrada-Monzón, Hidalgo, Mazariegos, Sáenz o Rivera, me interesa que me escribás, dice Luis Andrés Schwartz en la convocatoria abierta para la construcción de un árbol genealógico.

Haz clic en la ilustración para leer la convocatoria completa. Te la recomiendo.

Tu intuición es correcta: se trata del mismo MEC que fue jefe del Ejecutivo durante 22 años, desde el magnicidio de «Reinita» el 8 de febrero de 1898, hasta el 8 de abril de 1920. Ese día, la Asamblea Nacional Legislativa emitió el Decreto 1022, mediante el cual lo declaró imposibilitado para gobernar y «separado» de la Presidencia de la República. El desenlace ocurrió en un clima de efervescencia política, agudizado por el descontento tras los terremotos de 1917 y 1918. (Netflix: esos años piden una serie).

¿Por qué quiero que te involucrés o por qué querrías vos sumarte?, pregunta Luis Andrés Schwartz.

Esta convocatoria no es universal ni se dirige a todos. Interpela a quienes conservan relatos, documentos, imágenes o inquietudes que aún no han encontrado cómo volver a latir, así como a quienes sienten la necesidad, inocente o insistente, de saber más sobre sus propios orígenes.

Hace más de una década sostengo un proceso de investigación y escritura. Busco dibujar las ramas de mi chiribisco genealógico que confluyen en una mujer ladina que nació y articuló su vida en Los Altos decimonónicos: Joaquina Cabrera (1836-1908). En mi esquema familiar, ella es mi quinta abuela en línea materna directa: la mamá de la mamá (Gilberta), de la mamá (Juana), de la mamá (Nora), de mi mamá (Guisela).

Desde ella, la línea familiar se ramificó como un delta, ancho y fértil. Los cauces iniciales fueron tres: Manuel José Estrada Cabrera (1857-1924), Juan Francisco Estrada Cabrera (1861-1895) y la benjamina Gilberta Cabrera (1870-1920). A ellos se sumaron parientes colaterales y por matrimonio, compadrazgos y redes de vecindad.

Sin embargo, la tarea se volvió compleja al intentar identificar la diáspora post-Semana Trágica (colapso del cabrerismo, 1920). La persecución y el repliegue familiar interrumpieron aquel tejido de afectos y vínculos que había sido cercano hasta entonces.

¿A quién le interesa Manuel Estrada Cabrera?, pregunta Luis Andrés, y responde: a vos, si este nombre te toca por algún lado. Y añado, yo, que el texto completo de la convocatoria es fascinante de leer, sobre todo si te interesa la historia de Guatemala, si te fascina la historia de la Belle Époque en esta país nuestro, si te llama la atención la genalogía, si eres intelectualmente curioso.

Administración Arévalo / delincuencia / terrorismo — Leave a comment
18
Ene 26

El gobierno en retroceso

Más de 13 ataques armados se registraron contra agentes de la Policía Nacional Civil; al momento de escribir esta nota se han reportado siete de ellos fallecidos y 10 heridos. Nueve fue el total de muertos y 10 heridos.

Un policía yace asesinado, luego de los ataques del domingo 9 de enero. La foto la tomé de X.

Tras recuperar el control de la prisión Renovación I, en Escuintla, las fuerzas de seguridad fueron blanco de ataques armados en distintos puntos del país, atribuidos a represalias de mafias vinculadas al sistema penitenciario. Durante el fin de semana se registraron disturbios en al menos tres centros penitenciarios, incluido Renovación I, donde reclusos incendiaron áreas internas y generaron caos operativo.

En momentos como este, lo primero que cabe es expresar condolencias y respeto a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, y solidaridad con los heridos.

Acto seguido, ni el Ministerio de Gobernación, ni el de Defensa, ni la PNC deben escatimar esfuerzos para identificar y capturar a los responsables, hacer que se cumpla la ley con severidad y garantizar la seguridad de los habitantes del país (sin darles patente de corso a las autoridades). Si no pueden con esas tareas, los titulares deben presentar sus renuncias. Si un gobierno no puede garantizar la seguridad, es solo una administración y entonces… ¿sirve para algo bueno? Nunca es momento para los tibios, pero en situaciones como esta, menos.

En otras latitudes, a los asesinos de policías se les llama cop killers y son una categoría especial entre las fuerzas de la ley. Un amigo criminólogo, que sabe de estas cosas, me comenta que según el informe Law Enforcement Officers Killed and Assaulted del FBI, en los Estados Unidos los cop killers suelen tener entre 30 y 36 años, y que aquí en Guatemala podrían ser más jóvenes. Una gran, gran mayoría suelen ser hombres con antecedentes en delitos violentos, experiencia en violencia callejera y registros penales; muchos están en libertad condicional, o tienen órdenes de captura pendientes. No es raro que actúen bajo la influencia de sustancias. No siempre lo hacen por odio a la policía; en el caso de los ataques de hoy, pueden estar motivados por venganza, o por demostrar poder.

En México, Centroamérica y Guatemala, muchos asesinatos de policías están vinculados a cárteles y maras. Las motivaciones incluyen mensajes públicos de poder y capacidad terrorista, y con frecuencia actúan por órdenes superiores o para ganar estatus dentro de la pandilla.

¿Cómo se protege a los agentes? La protección efectiva es multicapas: equipo, entrenamiento, procedimientos e inteligencia. Los gobiernos de países con menor tasa de policías asesinados invierten fuertemente en esos cuatro pilares. En Guatemala… pues ya puedes imaginar.

La foto es de ayer, y la titulé: “No se levantaron temprano en la Casa Presidencial y todavía está en la puerta la prensa”. La verdad es que llevan dos años de estar dormidos

Los agentes asesinados fueron:

Fernando Alexander Batres Ordóñez;
Diana Rosmery Chávez Alarcón;
Sammy Iván López García;
Samuel Valentín Matul Obispo;
Frallan Willian Medrano Pernillo (falleció el 19 de enero por heridas sufridas el 18);
Claudia Azucena Muñoz Ramos;
José Efraín Revolorio Barrera;
Giovanny Darío Tecú Sesam (variaciones menores en ortografía: Tecún o Tecú en algunos reportes); y
Luis Alexander Zetino Pérez.

Cuando ocurren asesinatos de policías, la mayoría del público los ve como un ataque directo al orden social, lo que genera rechazo visceral y demandas inmediatas de justicia rápida y severa, como está sucediendo ahora mismo. La Administración Arévalo/semillera/raicera no puede seguir retrocediendo. Si no responde con firmeza, el mensaje que envía es claro: aquí gobiernan otros. ¿Es, esta la segunda cosecha? ¿Es el principio de la tercera cosecha?

Actualización: fueron 10 los policías asesinados porque el 19 de enero falleció el agente Juan Antonio Paredes Mayén.

Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón